El momento es oportuno, sobre todo por la conformación de autodefensas civiles violentando la ley y enarbolando armas que sólo pueden tener el ejército y las fuerzas policiacas. Sin embargo, la tolerancia política hacia esos grupos organizados por personajes con averiguaciones previas ha provocado un desequilibrio de seguridad donde la decisión del Estado debiera ser más estricta para contener la inseguridad provocada ahora por grupos civiles fuera de control institucional.

La retención de soldados en la zona de El Pericón, en Guerrero, fue posible por la falta de una política de seguridad pública del gobernador expriísta-perredista Angel Rivero. El debate sobre los grupos de autodefensa radica no sólo en que invaden esferas de seguridad que están determinadas por las leyes, sino que enarbolan armas sin registro. La apatía política del gobernador está llevando a zonas calientes de Guerrero a situaciones de autonomía legal y territorial similar a la que tienen bandas del crimen organizado.

Los incidentes en Guerrero y Michoacán de brigadas civiles contra militares no derivaron en conflictos mayores por la disciplina del personal de ejército al eludir cualquier confrontación, pero sin que la autoridad política federal ponga orden en esos estados. Al final de los incidentes, los militares no fueron “canjeados” ni “liberados” sino que una lenta autoridad política intervino para abrir canales de comunicación para encauzar quejas.

Frente a la insurrección de grupos civiles armados tolerados por la autoridad, el ejército ha respondido con mayor profesionalismo para evitar mayores incidentes. El gobierno federal ha mantenido la presencia militar en zonas invadidas por el crimen organizado aunque sin decisión para presionar la aprobación de la ley de seguridad nacional que daría mayor certidumbre a las fuerzas militares en labores no de seguridad pública sino de seguridad interior.

Con un aumento del riesgo de seguridad interior, las autoridades municipales han permitido la presencia de grupos de autodefensa armada con material de uso exclusivo del ejército o sin los registros legales ante la Defensa Nacional. Ninguna de los grupos de autodefensa ha registrado las armas y de todos modos el registro sólo se permite para mantenerlas dentro de sus hogares y no en las calles.

De acuerdo con un ensayo publicado por la politóloga Lidia Aguilar Balderas en la revista Transición, los grupos de autodefensa caen en el escenario de “la disolución del poder del Estado”, nacen en el mejor de los casos como defensa pero se enfilan hacia un movimiento social-político y buscan desplazar al Estado por “incapacidad y/o indolencia de las instituciones estatales”. Así, la solución se convierte en otro problema de seguridad para el Estado.

Por lo pronto, el ejército ha señalado que seguirá aplicando la ley, continuará eludiendo la provocación, aumentará la prioridad al respeto a los derechos humanos y hará respetar la ley de armas de fuego y explosivos para evitar a grupos armados civiles con el pretexto de la seguridad. La presencia del ejército en zonas calientes garantiza la seguridad de los ciudadanos y restaura las condiciones de paz.

Los casos de retención han sido responsabilidad de las autoridades municipales, estatales y federales que carecen de firmeza para evitar a grupos auto armados. Al final, el ejército es la última línea de defensa del Estado de derecho, la ley y la estabilidad.